El viernes tuvo lugar un ministeriazo, aunque no es hasta hoy lunes que hemos leído el texto final de la Ley de Economía Sostenible aprobada en el consejo de ministros, que tan rotundo rechazo recibió hace unas semanas y que originó uno de los momentos más vibrantes que hemos tenido en la internet hispana recientemente (el manifiesto). [Hemos dedicado varios posts a este proyecto de ley.]
Estos días se supo que el gobierno pretendía aprobar exprés una nueva versión de la LES. La nueva versión, sin embargo, recibió las inmediatas críticas ciudadanas, acusándola de ser mero teatro político y no haber cambiado demasiado su contenido. La comisión de propiedad intelectual, dependiente del ministerio de cultura se mantiene y el caso será tratado de forma rutinaria en las salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, tal como queda descrito en las Disposiciones Finales del documento.
Pese a ser una noticia nefasta, el análisis de esta propuesta es más que interesante.
Lo cierto es que en las horas previas a la aprobación, los blogs hervían de rumores acerca de la nueva ley. Paloma Llaneza preconizaba algo que al final se ha visto confirmado (y así lo entienden también personas como Andy Ramos): que quizá los cierres se harían siguiendo la vía administrativa, lo cual no pintaba nada bien para la libertad de expresión. Esto pone todas las cartas a favor de los denunciantes (típicamente las gestoras como Sgae, Cedro, y similares) y de quien quisiera censurar preventivamente una web: costes casi nulos (lo paga todo el Estado) que desembocarían en peticiones masivas de cierres preventivos (así funciona la vía administrativa) y urgentes (trámite que tendrá lugar en 4 días) de todo tipo de páginas «sospechosas» casi sin consecuencias derivadas de las peticiones desestimadas y la obligación para las webs de cerrar mientras el recurso (si hubiera tal cosa) se resuelve. Así que, por decirlo en breve, el rumor de la vía administrativa pintaba fatal para nosotros (en el lado de la libertad de expresiónm y una mirada constructiva hacia el futuro de la sociedad digital).
Lo cierto es que el proyecto de ley aprobado es más inquietante aún, pero a la vez constituye un paso más hacia la salida del armario del Estado en temas de propiedad intelectual.
La LES prevé que el tribunal último (de hecho el único, pues habrá una única instancia judicial) encargado de cerrar páginas webs por motivos de infracción en propiedad intelectual sea la Audiencia Nacional. Una frase aparte para asumirlo: la Audiencia Nacional ha recogido las competencias judiciales últimas de las infracciones por propiedad intelectual. Además, se mantienen los supuestos ya previstos, como que los titulares de derechos podrán apelar a una comisión dependiente del ministerio de cultura. Lo único añadido es que, al final, si se cursan todas las reclamaciones, la decisión última recae en ese tribunal singularísimo, ciertamente particular, que es la Audiencia Nacional.
Para el que no lo tenga presente, la Audiencia Nacional es un tribunal cuyo único fin es tratar los delitos que atentan contra la naturaleza del Estado. Normalmente: fraudes fiscales enormes (los fraudes fiscales de poca monta no son gestionados en la AN), terrorismo, … ¿propiedad intelectual?
Que el Estado reconozca que los asuntos de propiedad intelectual competen a la Audiencia Nacional representa una confirmación de qué nivel de importancia da el Estado a estos asuntos, confirmando la vieja tesis de que el Estado ve en la arquitectura distribuida de la red (que no mantiene su estructura de poder) un verdadero peligro para su integridad, de forma que hace todo lo posible por destruir esa arquitectura. Y si para conseguirlo hay que apelar a un tribunal tan peculiar como la AN, lo harán.
Adicionalmente, como bien apuntaba Gorka el sábado mientras charlábamos, llevar los casos directamente a una sala de la Audiencia Nacional en lugar de en las diferentes audiencias provinciales (más de 40) tendrá como consecuencia el facilitar la toma de decisiones en una única dirección, que además tratándose de la AN podría ser la dirección contraria a la que hemos visto reiteradamente en las diferentes audiencias provinciales (en las que estos temas se saldan casi siempre con sobreseimientos o sin cargos para el demandado). De reducción de la entropía en las decisiones (no va a haber más de 40 jueces decidiendo, sino un número mucho más reducido) podría surgir una jurisprudencia fuerte al respecto de estos temas en el sentido deseado por el Estado, que quizá no podría obtenerse de otra forma.
Hace años venimos diciendo que la propiedad intelectual es una excusa para desarrollar herramientas que permitan controlar la red: al final la herramienta que impide que compartas un disco, impedirá que compartas la información que sea (si hiciera falta impedirlo). En realidad, estamos viviendo la batalla por el control de internet.
Ya en septiembre decíamos que la legislación en materia de propiedad intelectual iba a ser endurecida. De hecho, no se han hecho esperar y esta reforma es una noticia terrible, pero con ella el Estado se destapa un poco más y nos muestra claramente (para que los incrédulos vayan saliendo de su escepticismo) de qué va todo esto. ¿Estaremos a la altura del órdago que se nos lanza, poniendo todo de nuestra parte por mantener la red lo más libre y distribuida posible?
