1. Tienen pensado instalar otras 52. Cuentas rápidas… Si 17 han costado 266.000 euros, 52 costarían 814.000 euros más. Con esto ya pasamos del millón de euros, a lo que habría que sumar los costes de almacenamiento de datos. Los datos serán almacenados durante un mes por la policía, tope máximo que mara la AEPD en la normativa que entró en vigor el 13 de diciembre de 2006, pero, RQNSA, si el trasvase de datos desde la cámara hasta la dirección policial se hace a través de internet, ¿no obligaría eso a almacenar esos datos durante al menos 12 meses cuando entre en vigor el todavía proyecto de ley para la retención de datos? ¿Qué pasa entonces con la normativa de la Agencia española de protección de datos?
2. Esta segunda es de tipo legal y lo he descubierto en la edición en papel de 20minutos que he recogido esta mañana. El ayuntamiento no ha señalizado las vías vigiladas como exige la legislación. La Ley de Videovigilancia obliga a la perfecta señalización de la zona controlada para informar a los ciudadanos, aunque no se especificará el punto exacto en el que está el artilugio. La instalación debe evitar cualquier tipo de intromisión en la intimidad de los vecinos y se colocarán en fachadas y paredes de los edificios.
